Un cuaderno será clave en la investigación por la extorsión de dirigentes sociales. Según trascendió a los medios, se encontraron anotaciones de listados con presencias en manifestaciones y entrega de mercadería a comedores.
En primera instancia, esa información iría en línea con las conversaciones de WhatsApp que las víctimas presentaron en la justicia: que para mantener el plan social había que asistir a las marchas, que se tomaban listas y que quienes no iban pasaban a la categoría de “castigados”, que podía implicar perder el plan, pagar una multa y no recibir la comida que de manera gratuita entregaba el gobierno nacional, según detalló ayer el portal Infobae.
El cuaderno fue secuestrado en uno de los comedores que fueron allanados el lunes. En total fueron 28 procedimientos a domicilios, sedes de organizaciones sociales y comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las tres organizaciones que están siendo investigadas.
De ese cuaderno, según las fuentes consultadas, surgen anotaciones vinculadas a las manifestaciones y un listado de presentes y de ausentes. Y también registros sobre entregas de mercaderías. Los listados tienen nombres de personas.
Ese cuaderno forma parte de distintos elementos que fueron secuestrados. Hay más anotaciones y documentación, además de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos que serán peritados. El juez federal Sebastián Casanello ya ordenó que en cinco días se haga la extracción de toda la información de los teléfonos celulares.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso ayer preventivamente la inhibición de bienes de los investigados por presuntas irregularidades en la administración de planes sociales y comedores populares.
Se trata de una medida provisoria, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, después de que la Cámara Federal ordenara que se realizaran los allanamientos de las últimas horas.
Casanello dispuso, además, concretar una medida de prueba que ya había dispuesto previo a que la Cámara dispusiera los allanamientos: le pidió informes al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) sobre el control que ejerce respecto de los fondos y alimentos enviados a las organizaciones.
La medida involucra a 28 personas y comedores que dependen de cooperativas administrados por el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Entre los inhibidos aparece Jeremías Cantero, sobre quien el gobierno de Javier Milei apuntó especialmente como supuesto responsable de las defraudaciones y presiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones.
Auditorías a cooperativas
Por otra parte, la justicia también le dio intervención al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) para que haga una auditoría sobre cooperativas en los últimos dos años. Es porque una de las hipótesis de la causa es que parte del dinero que se obtenía de las maniobras era canalizado en cooperativas. Con la documentación analizada y la información de los celulares obtenidas en los tribunales creen que se podrá avanzar en citaciones a indagatoria si las pruebas obtenidas así lo marcan.
Fuente: Read More