El 8 de agosto de 2011, diez días después de que fueran hallados los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, el gobierno de Juan Manuel Urtubey premió a 35 oficiales y suboficiales de la Policía de Salta por sus intervenciones en la investigación del doble femicidio que había puesto a Salta en las portadas nacionales e internacionales.
Un mes antes, el 8 de julio, María Cash, una joven diseñadora de Buenos Aires de 29 años -la misma edad que tenía Cassandre cuando fue violada y asesinada- había desaparecido, tras ser vista por última vez abordando un camión en las inmediaciones de la rotonda de Torzalito (General Güemes).
La repercusión de ambos casos ponía en jaque las aspiraciones del exgobernador Urtubey a una futura postulación presidencial. Más aún cuando las miradas de buena parte de la sociedad salteña, periodistas incómodos y el comisario Néstor Píccolo, quien en calidad de jefe de la Brigada de Investigaciones encabezaba las pesquisas del crimen de las francesas, apuntaban a una propiedad de Buena Vista -un selecto barrio de San Lorenzo- y a posibles autores vinculados al poder político de Salta con una sustentada teoría del caso.
Por esos días, el expediente penal tenía a un solo probable autor, Gustavo Lasi, acusado con elementos suficientes para convencer a un tribunal de juicio sobre su culpabilidad.
Salvajes apremios ilegales
El reparto de ascensos había sido antecedido por salvajes apremios ilegales infligidos al barrer sobre la comunidad criolla de San Lorenzo. Por aquello días, desde la Secretaría de Seguridad de la Provincia, conducida entonces por Aldo Rogelio Saravia, llovían sobre la cúpula policial presiones que, a través de dos ascendentes oficiales, Walter Omar Ezequiel Mamaní y Rodrigo Emanuel Bautista, se proyectaban hasta el despacho del juez que dirigía la instrucción, Martín Pérez.
No fue un detalle menor el hecho de que el 8 de agosto de 2011 el propio magistrado estuviera al lado de Aldo Rogelio Saravia, el funcionario que firmó la resolución de los reconocimientos y ascensos, en la ceremonia interna que se realizó en la Jefatura de Policía.
En el juicio de 2014 también quedaron expuestos tormentos, maquinaciones probatorias y falsas inculpaciones que acusados y testigos atribuyeron a Mamaní, Bautista y otros nueve policías que desde hace más de 10 años están procesados y con un juicio pendiente.
Esa causa tuvo una insólita cadena de excusaciones en el Ministerio Público Fiscal, donde el comisario Bautista, como jefe de una de sus unidades investigativas, encabezó las pesquisas del crimen de Darío Monges, el gestor político cuyo cuerpo fue encontrado el 3 de septiembre de 2022 dentro de su camioneta con cinco disparos en la cabeza. La Justicia provincial giró esa investigación al fuero federal de Salta, el 8 de octubre de 2022, con Roberto Catalino Bejarano y sus hijos, Santiago y Roberto, detenidos desde el día anterior y acusados como coautores del crimen con tintes mafiosos. En diciembre último, tras un extenso juicio en el que la Defensa Pública marcó resaltantes ausencias y grietas investigativas, Roberto terminó absuelto por falta de pruebas y sus hijos, condenados a prisión perpetua.
Armador de causas
En mayo de 2022, el comisario Mamaní fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por armar una causa contra un joven de Apolinario Saravia, con un montaje ilícito que desnudaron las cámaras de seguridad de esa localidad anteña. Mamaní contó con la complicidad de dos efectivos policiales que recibieron penas de prisión condicional. Ante los graves hechos, el fiscal auxiliar de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur, tuvo un desempeño reprochable y rompió las reglas de su función para evitar que Mamaní fuera condenado por privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica, además de otros cargos -abuso de armas y vejámenes- de los que terminó absuelto en un juicio abreviado.
Dantur salió indemne de la acusación penal porque Luciano Martini -uno de los jueces del Tribunal de Impugnación que en 2016 condenaron a Santos Clemente Vera a perpetua con una resolución que confirmó la Corte salteña en 2017, pero terminó revocada por la Corte Suprema en diciembre de 2023- apartó a la fiscal Verónica Simesen de Bielke de la causa que tenía al auxiliar fiscal complicado junto al comisario Mamaní con otra controvertida resolución judicial.
De todos modos, Dantur fue exonerado del Ministerio Público Fiscal por el entonces procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, y por estos días ejerce como abogado litigante.
¿Libre?
Mamaní, por lo poco que pudo saberse de él, no habría sido exonerado de la Policía. Aunque muchos aún suponen al comisario encarcelado por la condena que recibió en mayo de 2022, fuentes dignas de confianza afirmaron que lo vieron días atrás en la Ciudad Judicial en tramitaciones para un estudio jurídico que ejerce la defensa de policías en causas por apremios ilegales, torturas, abuso de autoridad y gatillo fácil.
Fuente: El Tribuno | Salta