El Gobierno de Javier Milei apunta a lograr una amplia reforma electoral. La administración libertaria anunció ayer que enviará al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que implica la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de las fuerzas que compiten en los comicios.
Al justificar la intención de eliminar las PASO, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que, desde su creación, las primarias “han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”.
“Solo en 2023, tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores históricos y en términos reales, esto fue mucho más gravoso. Y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar tres veces”, argumentó el portavoz.
Asimismo, remarcó que desde su introducción en 2011, únicamente “hubo solo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1,5% para poder participar después de las elecciones generales”.
Sobre la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el Gobierno la justificó señalando que el objetivo es”mejorar la representatividad” electoral y evitar la proliferación de “sellos de goma” cuyo objetivo es “recaudatorio”, subrayó Adorni.
De esta manera, de avanzar con la reforma, las agrupaciones partidarias deberán contar con “0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas”. En el caso de los partidos nacionales, “se les exigirá presencia en al menos diez distritos, cuando hoy se requieren cinco jurisdicciones”, precisó Presidencia.
A su vez, se presentará “una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones, y las agrupaciones tendrán hasta el 2026 como plazo para adecuarse a la normativa”.
En cuanto al régimen de financiamiento electoral, el Gobierno propone suprimir el aporte del Estado para campañas políticas y eliminar los topes de las donaciones privadas. Según expresó Adorni, con esta iniciativa se busca “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”.
De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno, las medidas a implementar, en caso de que prospere la norma en el Parlamento, serían “el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral y la eliminación del financiamiento público para las campañas”, por lo que “quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales”.
Asimismo, en caso de aprobarse, se reduciría la prohibición de hacer encuestas de “8 días a 3 días anteriores a cada elección”, y se crearía de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.
Trascendió que el Ejecutivo girará la iniciativa los primeros días de la semana que viene. Aclararon que el plazo de adecuación será extenso ya que lo fijaron desde el 30 de junio de 2026. Por ello, de sancionarse, afectaría las presidenciales de 2027.
Fuente: El Tribuno | Nacionales