Faltan apenas cuatro semanas para las elecciones. La incertidumbre es el sentimiento generalizado entre los argentinos. Y la preocupación inmediata y más acuciante no consiste en saber quién gana o quién pierde, sino hasta dónde va a llegar la inflación.
Más allá de los discursos circunstanciales y dirigidos intencionadamente a grupos puntuales de votantes, ninguno de los candidatos que sobrevivieron a las PASO parece amenazar con un cambio revolucionario.
La incertidumbre y el pesimismo no orientan el voto hacia las posiciones “antisistema” y por eso los tres candidatos con probabilidades de entrar al balotaje son Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, todos, con propuestas que muestran variables de la ortodoxia económica. Y hasta la heterogénea militancia peronista ahora está alineada con el actual ministro de Economía, incluidos antiguos aliados identificados por su fobia al FMI, el ajuste y el capitalismo en general.
También es cierto que es más emocional que ideológica la opción por Milei, que posicionó en la “pole position” a este candidato extravagante, surgido de una pertinaz presencia mediática.
El electorado, de todos modos, toma enorme distancia con los restos de peronismo que quedan y con el kirchnerismo.
En estas elecciones, cada provincia y cada municipio parece decidir con identidad propia, diferenciando el voto nacional con respecto al provincial. Ningún candidato de La Libertad Avanza pudo ganar hasta ahora ninguna gobernación, pero su candidatura presidencial obtuvo sorprendentes resultados en casi todas las provincias.
El Banco Central volvió a ubicar en la zona de atraso el tipo de cambio oficial, congelado en $350, tras las PASO, hasta el 22 de octubre.
Estas elecciones son históricas. En realidad, todas las elecciones lo son, porque todas moldean la evolución de un país.
En estas, sin embargo, gane quien gane, la opción será de hierro: en primer lugar, en el mismo momento en que se conozca al nuevo presidente, todos deberán abandonar la retórica chabacana y de barricada -deberían haberlo hecho hace tiempo- y tendrán que sellar acuerdos de gobernabilidad. Ninguno tiene espalda suficiente para hacer lo que quiera. Y la dificultad para llegar a esos acuerdos consiste en que habrá que deponer viejas tradiciones de la mala política y decidir pensando en el Estado y la sociedad, y no más en la secta.
Simplemente, porque los datos de la realidad indican que el país da señales de agotamiento y necesita iniciar un camino de desarrollo, con transparencia administrativa – es decir, sin corrupción -, sin clientelismo y con democracia en serio, respetando las reglas de juego de la economía y la independencia de los poderes del Estado. Simplemente, porque eso es la república.
Pero esto no es un deseo: es el mandato de la realidad.
El déficit fiscal, la deuda pública y la inflación son fenómenos concomitantes. El financiamiento del déficit emitiendo títulos de deuda que nunca se paga y siempre se refinancia engendró en dos décadas un saldo en rojo que no se levantará con buena voluntad sino con seguridad jurídica, inversión y generación de empleo.
La deuda pública en cabeza del Estado nacional, en pesos y en divisas acumula US$ 405.000 millones. Es el 85% del PBI. A este monto estimado hay que añadirle la deuda de las empresas del Estado y de las provincias.
Si el próximo presidente continúa con los criterios aplicados hasta ahora, los resultados serán los mismos.
Un informe reciente del Indec consigna que una persona que gana más de $280.000 se encuentra en el 10% de mayores ingresos del país. Es decir, el más alto escalón de los 10 en que la sociología divide a la sociedad. Y si se trata de una familia con ese ingreso, se ubica en el cuarto escalón, empezando de arriba. Asimismo, la canasta básica de agosto se estimó en $284.686,95. En consecuencia, el 60% de los hogares, que ocupan los seis escalones inferiores, están por debajo de la línea de la pobreza.
El paquete de medidas que dispuso el ministro y candidato Sergio Massa, pagos excepcionales, devolución parcial del IVA, eliminación del impuesto a las Ganancias para quien gane menos de $1,7 millón, exenciones y refinanciaciones, entre otras, suponen una reducción de ingresos del Estado insostenible en el tiempo.
Son medidas de emergencia para salir del paso en el tramo final de la carrera electoral. El país necesita superar el estado de emergencia, porque de no hacerlo, la sociedad seguirá sumergiéndose en la pobreza y el Estado seguirá atado a la suerte que dicten las sequías y las cosechas.
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