La presidencia de la Corte de Justicia de Salta autorizó hoy el allanamiento del domicilio particular del juez de Garantías 2 de Orán Claudio Parisi.
El allanamiento fue requerido ayer ante el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán Raúl Fernando López por la unidad fiscal interviniente conformada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa.
La medida solicitada necesitaba de la autorización previa de la Corte de Justicia en el marco de lo dispuesto por los artículos 7 y 17 del Código Procesal Penal de la Provincia. Anteriormente la Corte de Justicia había autorizado además el secuestro de la computadora del juez.
El norte de la provincia es un verdadero polvorín.
Ayer, la Unidad Fiscal había solicitado la detención de Claudio Parisi y del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez. También pidieron la detención del abogado Roberto Ortega Serrano.
“La solicitud se fundamenta en que sus acciones entorpecieron la investigación, permitiendo que el magistrado diera acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicara al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados”, comunicaron ayer.
Según difundió el Ministerio Público, “se requirió solicite la autorización de la Corte de Justicia de Salta para allanar el domicilio del juez Parisi, con el objetivo de secuestrar elementos clave que permitan avanzar en la investigación”. “La intervención de la máxima autoridad judicial es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, quien está imputado por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional”, expusieron.
Ayer también el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, dirigió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y al presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, Antonio Marocco, y con el propósito de informar al Poder Legislativo sobre la situación institucional que afecta al municipio de Aguas Blancas. Anoche ingresó un proyecto para intervenir esa comuna.
Al intendente Carlos Alfredo Martínez, el pasado 6 de septiembre, la Unidad Fiscal actuante lo imputó por los delitos de entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos. Fue convocado a declarar el 12 de septiembre, optando por hacerlo ante el Juez de Garantías. La misiva destaca que “son consortes de causa el Juez de Garantías N.º 2 del Distrito Judicial Norte, circunscripción Orán, Claudio Alejandro Parisi, y el abogado Roberto Ortega Serrano”, bajo la sospecha fundada de que Ortega accedió al expediente a cargo del Juez Parisi sin justificación procesal, en el cual la mencionada Unidad Fiscal solicitaba allanamientos en los domicilios del intendente, antes de que fueran autorizados. Esta información fue encontrada en los mensajes de WhatsApp del titular del ejecutivo municipal.
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