Abril sería el mes en el que el Gobierno enviará al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que sea aprobado por ley. Pero el texto que recibirán los legisladores será acotado: tendrán en sus manos el pedido de autorización para tomar deuda, pero no recibirán el detalle técnico de la operatoria, trascendió el fin de semana.
El convenio llegará al parlamento antes de que termine abril y solo unos días después de que el organismo multilateral lo presente durante la tercera semana de ese mes, en el marco de la Asamblea de Primavera conjunta entre el Fondo y el Banco Mundial.
Detalles y reclamo
En el documento que enviará el Gobierno a los diputados y senadores estará el proyecto de ley que pedirá autorización para tomar nueva deuda, pero no incluirá el memorando con los detalles técnicos que eventualmente acuerde con el staff del organismo.
Claro que de producirse esta situación, los bloques de la oposición ya anticipan que pedirán conocer los detalles para que la discusión parlamentaria no se restrinja solo al pedido de permiso para cerrar el nuevo programa de financiamiento con el organismo que preside Kristalina Georgieva.
La idea que sobrevuela la Casa Rosada es que sólo sea enviado al Congreso Nacional el capítulo donde se habla del dinero que el FMI enviará al país, y que Argentina asumirá como deuda, ya sea como continuidad del pasivo ya existente con el organismo (el crédito que tomó el expresidente Mauricio Macri) o nuevos dólares que incrementarían esa obligación en divisas.
Por lo contrario, las nuevas metas de emisión monetaria, superávit fiscal y aumento de las reservas del Banco Central, junto con los compromisos de política cambiaria, no estarían dentro del proyecto de ley que se enviará al Congreso. El Gobierno sostiene que no está obligado, siguiendo los lineamientos de la legislación vigente.
La necesidad de conseguir una ley que apruebe el acuerdo surge de la Ley 27.612 -de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que empujó el exministro Martín Guzmán- y que tuvo como objetivo que exista un marco de control parlamentario sobre los acuerdos con el FMI, que suelen tener una duración que excede el plazo de mandato de los gobiernos.
El breve articulado, que también contempla títulos públicos en moneda extranjera por encima de lo presupuestado, no exige explícitamente que se den a conocer al parlamento los detalles técnicos del acuerdo.
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Fuente: El Tribuno | Nacionales