La educación pública, sea de gestión estatal o privada, con el mejor nivel de calidad accesible para todos los ciudadanos, es un derecho humano esencial, consagrado en nuestra Constitución y uno de los ejes fundamentales en el desarrollo histórico de la Patria. Fue una preocupación expresa de los héroes de Mayo y se plasmó en las raíces de la organización nacional.
Sin embargo, los niveles de excelencia educativa construida a lo largo de más de un siglo, en las últimas décadas se han ido derrumbando. Coincide este retroceso con el comienzo de una etapa histórica, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, en la que las exigencias del desarrollo tecnológico modificaron el perfil que se espera de la enseñanza en todos los niveles.
La dirigencia argentina, en general, parece no comprender que transitamos el siglo del conocimiento y de la racionalidad científica y tecnológica, una nueva era en la que la innovación y la ventaja competitiva de los países dependen de la educación. Es además un tiempo en que la “plena inclusión social” es una de las metas de los objetivos de desarrollo sustentable establecidos entre las naciones. Y no hay instrumento inclusivo más poderoso que la escuela. Hoy, según el Banco Mundial, “el valor del capital humano equivale a cuatro veces el valor del capital físico”.
En estos años, se deteriora el sistema educativo que había sido una gran ventaja internacional para la Argentina.
Los sucesivos gobiernos no priorizaron la calidad educativa. En primer lugar, no se profesionalizó ni se jerarquizó como corresponde la tarea docente. La politización de los gremios llevó a la discontinuidad del funcionamiento escolar y esto produjo un debilitamiento de los rendimientos en las escuelas estatales, especialmente en algunas provincias, donde los alumnos llegan a tener apenas la mitad de los días de clase previstos en el calendario. A esto se suma el impacto producido por la pandemia. El cierre de los establecimientos hizo visible que menos de la mitad de los hogares tenía acceso fijo a internet de buena calidad y que un tercio lo lograba solo por celular.
La destrucción de los ingresos familiares causada por décadas de inflación y el consecuente incremento de la pobreza conformaron una crisis social inimaginable en la primera mitad del siglo pasado. El nivel educativo general presenta profundas grietas y es deficitario en su función de preparar a las nuevas generaciones para las exigencias laborales que deberán afrontar.
Este es el problema más crítico para el futuro del país, aunque no aparecen en la agenda pública proyectos sólidos para la actualización pedagógica, la transparencia en el financiamiento y la formación docente. Solo enunciados, y leyes que no se cumplen.
Según datos oficiales, apenas el 25% del total de la población ocupada ha logrado completar sus estudios terciarios o universitarios. El 75% restante no superó el nivel secundario o, en muchos casos, no lo concluyó. El 92% de las personas desocupadas no accedió a estudios superiores.
Una investigación de la organización Argentinos por la Educación verificó que de cada 100 alumnos que ingresaron a primer grado en 2011, solo 61 llegaron al último año de la secundaria en el tiempo previsto, es decir, en 2022. Y solamente 16 alcanzaron niveles satisfactorios de Lengua y Matemática. Así, el 84% de los estudiantes quedaron al margen de las disciplinas que organizan el razonamiento y la intercomunicación y que, por eso, son indispensables para el pensamiento computacional y la alfabetización digital.
La sociedad, los educadores y cada uno de los alumnos necesitan un salto cualitativo en nuestra educación. De no producirse ese giro copernicano, no solo estará amenazada la paz social, sino que el país no tendrá futuro.
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