En el capítulo titulado Lawfare, del libro Curso de Derecho Penal II Parte General, el autor Miguel Antonio Medina expone en profundidad el concepto y la aplicación del lawfare, un término que ha ganado relevancia en los últimos años en América Latina. El término fue inicialmente acuñado por Charles Dunlap Jr. en 2001 para referirse al uso de la ley como un arma de guerra no convencional, empleada para alcanzar objetivos militares o políticos mediante la manipulación del sistema judicial.
Medina sostiene que, en el contexto latinoamericano, el lawfare no solo implica la judicialización de la política, sino también la politización de la justicia. Esto se traduce en un abuso del sistema judicial y los medios de comunicación para perseguir a opositores políticos, deslegitimar sus gobiernos, y promover intereses alineados con las élites económicas y potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos.
Ejemplos en América Latina. El autor analiza varios casos paradigmáticos en la región:
Rafael Correa en Ecuador: Persecución judicial posterior a su mandato.
Operación Lava Jato en Brasil: Procesos que llevaron al encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva y al juicio político de Dilma Rousseff.
Cristina Fernández de Kirchner en Argentina: Persecución judicial y mediática que, según Medina, busca erosionar su capital político e influencia en la vida pública argentina.
Medina argumenta que estos casos reflejan una estrategia coordinada para deslegitimar a líderes que representan un desafío para las estructuras de poder tradicionales, en un esfuerzo por mantener la hegemonía política y económica en la región.
Mecanismos y estrategias
El capítulo profundiza en cómo el lawfare se lleva a cabo mediante una combinación de herramientas jurídicas y mediáticas:
* Manipulación de jueces y fiscales: La asignación de jueces en casos clave se realiza de manera irregular para asegurar sentencias alineadas con los intereses de la élite política.
* Uso excesivo de la prisión preventiva: Los opositores políticos son encarcelados sin pruebas concluyentes, bajo la excusa de evitar su fuga o entorpecer la investigación.
* Medios de comunicación y fake news: Los medios hegemónicos colaboran en campañas de desprestigio, difundiendo noticias falsas y creando narrativas que predisponen a la opinión pública en contra de los acusados.
* Delaciones premiadas y escuchas ilegales: La obtención de testimonios bajo presión y el uso de escuchas telefónicas sin la debida autorización son comunes en los procesos de lawfare.
* Criminología mediática: Se utiliza un aparato mediático para asociar a los acusados con la corrupción y el crimen, generando un clima de desconfianza social y desestabilización política.
Reflexión sobre el impacto
Medina destaca que el lawfare ha reemplazado en muchos casos a los golpes de Estado tradicionales. En lugar de utilizar la fuerza militar, los grupos de poder recurren al aparato judicial y a los medios de comunicación para desestabilizar gobiernos y eliminar a sus adversarios. Según el autor, esto se manifiesta en un debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas y un ataque directo a la soberanía de los países latinoamericanos.
En la sección titulada “Nuestra Opinión”, Medina ofrece un análisis crítico sobre cómo el lawfare ha sido utilizado en Argentina, especialmente durante la presidencia de Mauricio Macri. El autor sostiene que el término comenzó a ganar relevancia cuando varios funcionarios del gobierno anterior, incluyendo a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron objeto de procesos judiciales por corrupción.
Medina señala que la narrativa del lawfare fue promovida por los abogados defensores de los funcionarios acusados, quienes argumentaban que se trataba de una persecución política. Esta estrategia, según el autor, buscaba deslegitimar las investigaciones judiciales y encuadrarlas como un ataque coordinado por el poder político y mediático. Sin embargo, Medina advierte que, aunque el concepto de lawfare puede ser usado para señalar abusos en el sistema judicial, también puede convertirse en un arma retórica para justificar la impunidad de ciertos actores políticos.
El autor analiza el caso Vialidad, donde la defensa de Cristina Fernández de Kirchner alegó lawfare. Medina sostiene que, si bien hubo extensas menciones al término durante el juicio, no se logró demostrar la existencia de un entramado conspirativo que justifique la nulidad del proceso. Según el autor, para que el lawfare sea una causa válida, debe ir acompañado de pruebas concretas que demuestren la existencia de una estrategia sistemática de persecución judicial, algo que, en su opinión, no ha sido demostrado de forma concluyente.
Medina concluye que, aunque el lawfare se ha convertido en un término de uso frecuente en los discursos políticos y mediáticos, su aplicación práctica en el ámbito legal argentino sigue siendo debatida. El autor considera que, en muchos casos, se emplea como una construcción retórica para desacreditar procesos judiciales legítimos, sin un sustento probatorio sólido.
El autor hace un llamado a los juristas y a la sociedad en general a ser críticos y cuidadosos al utilizar el término lawfare, ya que su uso irresponsable puede deslegitimar tanto las investigaciones judiciales genuinas como los esfuerzos por combatir la corrupción. Según Medina, el verdadero desafío radica en distinguir entre la persecución política y la aplicación justa de la ley, evitando que el lawfare se convierta en una excusa para proteger a los poderosos de rendir cuentas ante la justicia.
Fuente: El Tribuno | Salta