El pasado 30 de diciembre, en el último día hábil judicial, la Sala IV del Tribunal de Impugnación sobreseyó a Santos Clemente Vera por extinción de la acción penal que lo tuvo encarcelado durante más de 10 años, sin pruebas que quebraran su inocencia, por el crimen de Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (24), las jóvenes francesas violadas y asesinadas en Salta en julio de 2011.
Federico Javier Armiñana Dohorman y Juan Marcos Ezequiel Molinati, jueces de ese tribunal, consideraron que el prolongado proceso judicial vulneró las garantías de plazo razonable establecidas para el jardinero de San Lorenzo por la Constitución y tratados internacionales. Vera supo del fallo por mensajes de conocidos que, tras anoticiarse por los medios, llenaron su celular con expresiones de alegría y esperanza. Su familia corrió a abrazarlo presintiendo que al fin un soplo de justicia ponía un punto final a una larga pesadilla y al temor de verlo, una vez más, injustamente privado de libertad.
“No sé que decir en este momento”, fueron las palabras con las que Vera describió, ante una consulta de El Tribuno, la rara mezcla de sensaciones con que lo sorprendió el sobreseimiento.
A miles de kilómetros, en París, Jean-Michel Bouvier recibió el fallo con sentimientos bastante más amargos, porque el fallo se desentendió por completo de la sentencia absolutoria dictada en el juicio de 2014, dejó la instancia de revisión en un limbo y a Vera sin un reconocimiento definitivo de su inocencia.
El padre de Cassandre la defendió hasta el cansancio, y si alguna esperanza guardaba ante su insistente reclamo de una reapertura de la investigación, la resolución de la Sala IV del Tribunal de Impugnación terminó de desvanecerla. Muchos, dentro y fuera de la provincia, comparten su convencimiento de que en la Justicia salteña el caso quedaría cerrado con el velo de impunidad que arrastró desde la primera hora, como también las puertas para una indemnización que pueda demandarse para Vera.
Una vuelta de almanaque
En la tarde del 29 de julio de 2011 una familia de turistas se dio con los restos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni en el Mirador de la Quebrada de San Lorenzo, durante una excursión a ese concurrido sitio localizado a pocos kilómetros al oeste de la capital salteña.
Los cuerpos fueron levantados esa misma noche para las autopsias tras las cuales Ana María Vega, médica del Cuerpo Forense de Salta, estableció la data de las muertes no más allá de las 48 a 72 horas anteriores (26 de julio). Sin embarco, en base a posteriores pericias no exentas de inconsistencias y objeciones científicas, el juez de instrucción a cargo de la causa, Martín Pérez, concluyó que las jóvenes francesas habían sido robadas, abusadas y asesinadas en ese sitio, el 15 de julio, por tres lugareños: Gustavo Lasi, Daniel Vilte y Santos Clemente Vera.
Dudosa investigación
Con una inaudita brecha de 11 días en la data de las muertes, la investigación arrancó envuelta en dudas y con el tiempo el expediente comenzó a reflejar evidencias de pruebas plantadas, inventadas, acomodadas, apartadas, borradas y desaparecidas.
La distorsión de las pesquisas, atribuida a presiones ajenas a la búsqueda de la verdad real, y la consecuente endeblez del plexo acusatorio, quedaron evidenciadas en junio de 2014, cuando el tribunal integrado por Angel Amadeo Longarte, Bernardo Antonio Ruiz y Carlos Héctor Pucheta condenó a Lasi a 30 años de prisión y absolvió a Vilte y Vera.
En febrero de 2016, ante un recurso de casación del fiscal Federico Obeid, los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, de la Sala III del Tribunal de Impugnación, resolvieron condenar a Vera a perpetua, sin seguir las normas procesales establecidas.
En 2017, la Corte Salteña rechazó un recurso extraordinario de su defensor, José Vargas, y convalidó el proceder de los jueces Martini y Arias Nallar.
La Corte Suprema
El 7 de diciembre de 2023, ante un recurso de queja interpuesto con la intervención de Manuel Garrido, abogado que preside la organización internacional Innocence Project en Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la inmediata liberación de Vera, tras un década de encierro al que Garrido, Vargas y Jean Michel Bouvier no dudaron en calificar de “injusto” y dirigido a cerrar con un par de “inocentes encarcelados” una instrucción con “manipulaciones”, “comportamientos inadmisibles” e “ilícitos” que, sin una reapertura de la investigación a foja cero, dejaría a responsables del doble crimen sin individualización, juzgamiento y castigo.
Un año después de aquel fallo de la Corte Suprema y tras el sobreseimiento que acaba de dictar la Sala IV del Tribunal de Impugnación para Vera, por extinción de la acción penal y sin pronunciarse sobre la sentencia absolutoria del juicio de 2014, Bouvier insiste en el reclamo de una investigación desde foja cero, transparente y a cargo de jueces probos e independientes. Y según adelantó a El Tribuno el periodista francés Jean-Charles Chatard, autor del libro “Francesas: Autopsia de un doble asesinato” y quién conoce en profundidad el explosivo expediente de 34 cuerpos, tiene la firme decisión de denunciar ante los Tribunales de París y la Justicia Federal argentina a 30 personas que -en algunos casos- habrían intervenido activamente para encubrir a autores del doble crimen y -en otros- hicieron todo lo posible para obstruir la búsqueda de la verdad.
Urtubey, a la cabeza
Esa larga lista, que tendría a la cabeza al exgobernador Juan Manuel Urtubey, incluiría a funcionarios políticos, magistrados, peritos oficiales y policías.
Por lo pronto, el gobierno de Francia se mantiene en la espera de una reapertura del caso para cooperar con expertos, tecnología y evidencias que el juez Pérez se mostró remiso a considerar en la instrucción penal y que podrían conducir a responsables del doble femicidio con indubitable peso científico.
Puntualmente, en un hisopado anal realizado sobre el cuerpo de Cassandre Bouvier, forences franceses hallaron ADN de tres personas desconocidas (dos perfiles genéticos masculinos y uno femenino) que hasta hoy no fueron individualizados porque no se los incorporó al expediente de la instrucción judicial.
Fuente: El Tribuno | Salta