Por unanimidad, los diputados salteños aprobaron un proyecto de ley para intervenir el Ejecutivo municipal de Aguas Blancas, luego de que en la tarde de ayer quedara detenido el intendente de aquella localidad, Carlos Alfredo Martínez, acusado de interferir y entorpecer la investigación de la Justicia provincial por el asesinato de su propio hermano. Ahora la iniciativa debe ser refrendada por el Senado provincial y luego el gobernador tendrá vía libre para designar a quien será el interventor de esa localidad fronteriza.
El tratamiento de la intervención fue muy rápido y se hizo sobre tablas en la sesión de ayer. El mayor argumento que usaron los pocos diputados que se pronunciaron fue que “está quebrado el orden institucional de Aguas Blancas”. Al tiempo que todos hablaron de cómo el narcotráfico y el crimen organizado atravesaron la política en aquellas tierras norteñas. La intervención sería hasta que se elija un nuevo jefe comunal en los comicios de 2025.
El intendente de Aguas Blancas, Carlos Martínez, está acusado por interferir en la investigación del asesinato de su hermano Cesar “Oreja” Martínez, quien fue víctima de sicarios que lo acribillaron de varios disparos en una calle de la ciudad de Orán, cuando cumplía prisión domiciliaria por un intento de femicidio. El crimen ocurrió en noviembre del año pasado.
Lo cierto es que la causa es mucho más amplia y grave. También está involucrado el juez de Orán Claudio Parisi, acusado de obstruir la investigación de la muerte de César Martínez, permitiendo el acceso indebido del abogado Roberto Ortega Serrano (que ayer también fue detenido) a un expediente de su juzgado y comunicando al intendente Martínez, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía planeaba allanar sus domicilios.
Las voces
El diputado oficialista Germán Rallé fue el principal vocero del proyecto. Aseguró que presentaron la iniciativa porque “entendíamos que si la justicia salteña avanzaba en la detención del intendente (Martínez) y otra gente era porque había evidencia de un hecho que quebraba la autoridad y el orden institucional. Tiene que haber quien comande los destinos de un pueblo. En este caso, la integridad personal estaba cuestionada”.
Remarcó que si bien hubo un consenso absoluto entre los miembros de la Cámara baja, siempre se actuó teniendo en cuenta la Constitución provincial, las leyes vigentes y la actuación de la Justicia local.
A su turno, la diputada Socorro Villamayor aseguró que el proyecto de intervención se da por la situación crítica que se vive en Aguas Blancas. Aseguró que el procurador Pedro García Castiella les hizo llegar un oficio en donde daba cuenta de la situación jurídica y procesal del intendente Martínez, por lo que no quedó otra en avanzar con la intervención por “la situación de gravedad institucional y de crisis” que vive esa comuna. También señaló que miran con mucha atención y preocupación lo que ocurre en el norte de la provincia, por lo que dijo se quiere evitar que “el crimen organizado eche raíces en Salta”.
Villamayor dijo que esta, la intervención de una comuna, es una situación excepcionalísima, por lo que pidió prudencia y responsabilidad.
En la misma línea se pronunció el diputado Gustavo Dantur, quien pidió que no se hagan costumbre las intervenciones. “Es muy doloroso intervenir un municipio, ya que se decide por sobre la voluntad de un pueblo. Pero acá el narcotráfico es un tema mayor que no se puede soportar”, afirmó.
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